APARTHEID
Por: María M Delgado*
"La ONU adoptó una postura firme contra el apartheid, y a lo largo de los años se construyó un consenso internacional que ayudó a terminar con este sistema inicuo. Pero sabemos bien que nuestra libertad está incompleta sin la libertad de los palestinos."
Nelson Mandela
Este mes se celebra la octava Semana Internacional contra el Apartheid Israelí. En muchos países se realiza una serie de actividades (mesas redondas, películas, exposiciones, veladas culturales, actos multimedia) para denunciar el régimen de ocupación, colonización y apartheid que Israel aplica sobre el pueblo palestino desde hace 64 años.
Desde su primera edición en 2005, la SAI se ha convertido en uno de los eventos importantes en el calendario de solidaridad con Palestina, buscando destacar el papel que pueden jugar los pueblos y gobiernos del mundo para que Israel ponga fin a sus leyes, políticas y prácticas discriminatorias.
En los últimos años se ha visto un aumento notable de trabajos a nivel académico, periodístico y de derechos humanos que documentan y analizan el apartheid israelí desde el derecho internacional. **
Prominentes figuras palestinas, israelíes anti-sionistas y mundiales (desde Ilan Pappé hasta Desmond Tutu y Jimmy Carter, o artistas como Roger Waters y Alice Walker) se han puesto al frente de esta movida.
Simultáneamente, la campaña internacional que impulsa el boicot, la desinversión y sanciones (BDS) como forma de ejercer una presión efectiva sobre Israel ha ido creciendo, alcanzando victorias sorprendentes y significativas (sobre todo en países como Sudáfrica, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos).
El movimiento mundial por BDS es una respuesta al llamado lanzado en 2005 por más de 170 organizaciones palestinas para reclamar respeto a los derechos humanos de los 10 u 11 millones de palestinos y exigir igualdad plena y no discriminación para el millón y medio de palestinos en Israel; fin de la ocupación y colonización en los territorios árabes (Gaza, Cisjordania, Jerusalén este y los Altos del Golán), y libertad para sus más de 4 millones de habitantes; justicia para los más de 5 millones de palestinos en el exilio que no pueden retornar a su país.
Estas demandas se fundamentan en las resoluciones que diversos organismos de las Naciones Unidas han emitido desde 1947 hasta hoy, y que Israel desconoce y viola sistemáticamente. Así se pone en evidencia que es un Estado que está por encima de la ley, y que la comunidad internacional no ha tenido hasta ahora voluntad ni capacidad de hacerlo rendir cuentas.
Quienes denuncian el apartheid israelí se basan estrictamente en el derecho internacional. Si bien la lucha de Sudáfrica es un referente claro, el eje no está en discutir las posibles analogías o diferencias entre el apartheid sudafricano y el israelí: lo que importa es mostrar cómo el régimen impuesto por Israel hacia el pueblo palestino se ajusta a la definición del crimen de apartheid en dos instrumentos del derecho internacional: la Convención Internacional para la Erradicación y Sanción del Crimen de Apartheid, de la ONU, y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (la primera ratificada por Israel, el segundo no).
En noviembre de 2011 se celebró en Sudáfrica la tercera sesión del Tribunal Russell sobre Palestina (TRP), un tribunal ético creado por la sociedad civil a raíz del reiterado fracaso de los gobiernos para obligar a Israel a cumplir las resoluciones de la ONU.***
El TRP concluyó que el régimen impuesto por Israel sobre la población palestina se ajusta a la definición jurídica de apartheid porque: se puede identificar claramente dos grupos raciales distintos ("racial" tiene una definición amplia que incluye aspectos étnicos o nacionales); se cometen "actos inhumanos" contra el grupo subordinado; esos actos se dan de manera sistemática en el contexto de un régimen institucionalizado de dominación de un grupo sobre el otro.
"Desde 1948, las autoridades israelíes han ejercido políticas concertadas de colonización y de apropiación de tierras palestinas. Mediante sus leyes y prácticas, el Estado de Israel ha dividido a las poblaciones israelí-judía y palestina, y les ha asignado espacios físicos distintos. El nivel y la calidad de las infraestructuras, los servicios y el acceso a los recursos varían según el grupo al que se pertenece. Todo esto desemboca en una fragmentación territorial generalizada y en la creación de una serie de reservas y enclaves separados, así como en una segregación de los dos grupos. (...) esta política se describe oficialmente en Israel con el término hafrada, que en hebreo significa 'separación'", señaló el tribunal.
Del sinfín de leyes, órdenes militares y políticas del apartheid israelí, valen algunos ejemplos flagrantes:
● Como Israel se considera la patria de todos los judíos del mundo, cualquier judío que inmigra recibe de inmediato la nacionalidad y los derechos asociados. Pero los palestinos expulsados de su tierra en 1948 por la creación de Israel, y sus descendientes (en su mayoría hacinados en campamentos de refugiados en países vecinos), tienen prohibido retornar, y sus tierras y propiedades fueron confiscadas por el Estado.
● Los palestinos nacidos en Israel (20 % de la población) tienen ciudadanía y derecho a voto, pero no la nacionalidad, que está reservada a la población judía. Como toda la legislación, instituciones y políticas públicas están hechas para favorecer a la nación judía (acceso a la tierra, planeamiento urbano, vivienda, salud, educación), eso se traduce en la discriminación de la población no judía. Hay más de cien aldeas palestinas dentro de Israel no reconocidas por la ley, que no reciben servicios públicos básicos ni tienen permiso para construir o ampliar sus espacios y viviendas, que a menudo son objeto de demoliciones (esto es particularmente grave en las comunidades beduinas del desierto del Negev).
● Los palestinos ciudadanos de Israel no pueden traer a cónyuges provenientes de los territorios ocupados o de "países enemigos", lo que obliga a las parejas a vivir separadas o enfrentar la amenaza de deportación de uno de sus miembros.
● En los territorios ocupados, los palestinos están sujetos a la legislación y jurisdicción militar israelí, mientras el medio millón de colonos judíos está sometido a la justicia civil.
● Allí, un sistema de carreteras y transporte de uso exclusivo judío conecta las colonias ilegales, mientras la población palestina sufre dramáticas restricciones de movimiento derivadas de 500 checkpoints, el muro y el sistema de permisos y residencia. Como resultado, vive confinada en verdaderos bantustanes, en apenas el 12 % de su territorio.
● Israel utiliza 80% del agua de Cisjordania, desviándola hacia su territorio o hacia las colonias ilegales. Mientras el consumo de agua en Israel es de unos 300 metros cúbicos por persona al año, y en las colonias llega a más de 500, la población palestina recibe entre 30 y 80 metros cúbicos al año.
● Israel se jacta de ser "la única democracia de Oriente Medio", pero viola la libertad de expresión y asociación de la población palestina: las manifestaciones pacíficas son brutalmente reprimidas, los dirigentes sociales son encarcelados y torturados, igual que los niños por el delito de tirar piedras. El uso sistemático del procedimiento de detención arbitraria ("administrativa") permite mantener presas a las personas indefinidamente, sin cargos ni juicio.
● La libertad de culto, los sitios sagrados (musulmanes y cristianos) y el derecho a la preservación del patrimonio cultural están amenazados por un proceso de judaización violento –sobre todo en Jerusalén– que busca eliminar todo rastro de cultura e historia árabes.
* María M Delgado trabaja como observadora internacional en Cisjordania.
** Véanse por ejemplo los documentos de Amnistía Internacional sobre la discriminación en el uso del agua ("Troubled Waters: Palestinians denied access to water", 2009) o de Human Rights Watch sobre la discriminación en las leyes de ciudadanía, nacionalidad y residencia ("Israel: Terminar con restricciones a la residencia palestina", 2012).
*** El trp se inscribe en la tradición del Tribunal sobre Vietnam (1966-67), que estableció el filósofo Bertrand Russell, y del Tribunal Russell sobre América Latina (1974-76), organizado por la Fundación Internacional Lelio Basso por el Derecho y la Liberación de los Pueblos.
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